Inés Pereyra Rivero, de comunicación y prensa de OCC y Oceanosanos, conversó con Mariana Silvera, Ing. en Telecomunicaciones y líder en pesca ilegal en Uruguay de la campaña Oceanosanos.

Silvera definió a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR) como una actividad que engloba distintos tipos de infracciones. Desde buques en aguas territoriales de una nación que no es la de su bandera y que no tienen permiso para pescar en esa zona, hasta buques que usan artes de pesca no permitidos. O barcos que no declaran su captura, sino que demuestran menos de lo que realmente pescan, o no declaran ciertas especies porque no tienen permitido pescarlas.

También incluye a aquellos que pescan en zonas de aguas internacionales donde no existe una organización regional de ordenación pesquera (OROP), o por un barco que pesca en aguas de una OROP sin que su estado del pabellón sea parte de ella. Además, estos barcos pesqueros suelen albergar otras actividades ilegales, como el contrabando de drogas, armas o dinero. Por otro lado, suelen producirse allí abusos a los Derechos Humanos, como la esclavitud, el asesinato y la negligencia.

“El control de estos barcos es muy complejo porque están navegando en alta mar por todo el mundo”, dijo.

¿Por qué es importante combatir la pesca ilegal?

“Los recursos marinos son valiosos para la Economía Azul de un país. Los pescadores ilegales roban esos recursos y dañan la industria pesquera nacional”, aseguró Silvera. “La pesca ilegal representa el 20% de la pesca global, con un costo de 23 billones de dólares. Uno de cada cinco pescados que la gente consume es Pesca INDNR”, agregó.

“Hoy, más del 80% de las poblaciones de peces están siendo explotadas al máximo, según denuncia la FAO, debido a la pesca indiscriminada, sin respeto por las cuotas de captura ni las especies vedadas. Las redes de arrastre y otras metodologías perjudican tanto a las poblaciones como a la conservación de las especies”, aseguró.

“La pesca en zonas reservadas, como Áreas Marinas Protegidas, perjudica a los ecosistemas frágiles. La pesca de peces juveniles comprende las poblaciones para el futuro, y la captura incidental trata a las especies en peligro de extinción”, dijo.

¿Cómo es la situación de la pesca ilegal en Uruguay?

Sobre la situación uruguaya, Silvera explicó que las especies tradicionales, como merluza, corvina, pescadilla y gatuzo están sobreexplotadas. Esta pesca ha provocado cambios en la trama trófica y en las propias poblaciones.

Además, desde 1992 el Puerto de Montevideo opera como puerto libre, lo cual se entiende como espacios aduaneros portuarios en los que rigen regímenes fiscales y aduaneros especiales, incluyendo la libre circulación de mercaderías sin exigencia de autorizaciones ni trámites formales. El nuestro es el único puerto con este régimen en la costa atlántica sudamericana.

“Este régimen ha causado que el Puerto de Montevideo se haya posicionado como base de operación de las flotas extranjeras que pescan en el Atlántico Sudoccidental”, agregó. En 2013 Uruguay ratificó el acuerdo MERP de la FAO y lo reglamentó en 2017.

¿Cómo se ve a Uruguay a nivel internacional?

Con respecto a cómo se posiciona Uruguay a nivel internacional, el último estudio de Global Fishing Watch y Oceana de 2017 (utilizando datos de 2015) puso a Uruguay en segundo lugar en el ránking de puertos receptores de Reefers sospechados de realizar transbordos en alta mar de capturas de origen potencialmente ilegal.

“En Uruguay, Oceanosanos trabaja en conjunto con autoridades, como la DINARA, para mejorar los procesos de inspección. Los webinarios de Derechos Humanos organizados junto a la Embajada de Estados Unidos y la participación de DINARA en la Segunda Conferencia de los Océanos da fe de ello. De todas formas, no hay nada concreto respecto a mejoras o fortalecimiento de los procesos”, explicó Silvera.

“A nivel de reglamentación tenemos todo lo necesario para actuar. Lo que falta es solamente voluntad política”, apuntó.

En mayo de 2020 Oceanosanos envió una carta a las autoridades informándoles sobre la grave situación que se vive en el principal puerto y en la ZEE de Uruguay. Se informó sobre barcos sospechados de presunta pesca INDNR, en base tanto a irregularidades que se encontraron al monitorear su trayectoria, como al prontuario internacional de las mismas.

Según datos provistos por la Armada, de 2018 a noviembre de 2020, 17 muertos fueron desembarcados en el Puerto de Montevideo. “Esto significa un muerto cada dos meses”, agregó Silvera.

El trabajo de Oceanosanos

Con respecto al trabajo de Oceanosanos, Silvera contó que “se seguirá con el monitoreo que hicimos el año anterior”. Subrayó la importancia de lograr el compromiso del gobierno para atacar el problema y establecer una alianza con Global Fishing Watch.

“En 2021 aspiramos a lograr un 10% de Áreas Marinas Protegidas, que ya viene llegando tarde, ya que el compromiso era para 2020. Hoy tenemos el 0,7%. Buscamos trabajar en un plan que garantice el 30% de AMPs para el 2030, y lograr respuesta por parte de DINARA que realmente se traduzca en más y mejores inspecciones, sanciones y multas”, concluyó.

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