Los barcos pesqueros involucrados en actividades ilícitas, para evitar controles portuarios y permanecer mayor tiempo en alta mar, utilizan el método de descarga, reabastecimiento y cambio de tripulaciones, mediante el amarre a otro barco con capacidad de carga y bodega refrigerada, esto se llama transbordo en alta mar.
Muchos científicos ya están pidiendo que se prohíba esta actividad.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) afecta seriamente a la economía y la pesca local, al no cumplir con ningún estándar ambiental ni social y ser subsidiada por los estados extranjeros.
Un estudio internacional, revela al Puerto de Montevideo como el segundo a nivel global de descargas de pesca no declarada, proveniente de transbordos no controlados en alta mar.
Solo cinco países: China, Taiwán, Corea del Sur, España y Japón, son responsables del 85% de la pesca a nivel global. De éstos, cuatro, son los principales usuarios pesqueros del Puerto de Montevideo.
A su vez, estos barcos, se benefician con subsidios dañinos, que promueven la sobrepesca, y que hacen a una competencia desleal, perjudicando la industria pesquera nacional.
Uno de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la ONU es que de aquí a 2020, se prohíban estos subsidios a la sobrepesca, y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Uruguay ha ratificado el acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
El estricto cumplimiento de este acuerdo, y una fuerte voluntad política pueden hacer de Uruguay un ejemplo de lucha contra la pesca destructiva.